El agua (H2O) representa nuestro
recurso natural más vital ya que todas las formas de vida terrestres –plantas,
animales y seres humanos— dependemos de ella para sobrevivir. La mayoría de la
gente sabe que el agua cubre cerca de dos tercios de la superficie total del
planeta, pero pocos saben que la mayoría de esa agua es salada y que solo un
2.5 por ciento es agua dulce adecuada para beber y cultivar alimentos. Además,
menos de un uno por ciento del suministro de agua dulce del mundo está
disponible para los seres humanos y los ecosistemas ya que la mayoría de esta
se encuentra congelada en las remotas regiones del Ártico y la Antártica.
En la actualidad, más de mil
millones de personas (cerca de un sexto de la población humana mundial) no
tienen acceso adecuado al agua limpia y potable, y 2.6 mil millones de personas
carecen de saneamiento adecuado, lo que ocasiona casi 250 millones de casos de
enfermedades y entre cinco y diez millones de muertes anuales en todo el mundo.
Y a pesar de que el agua es un
recurso renovable que se puede gestionar de forma sostenible y equitativa, el
hecho es que el suministro mundial de agua merma rápidamente debido al uso
inapropiado, a la contaminación y a las estrategias mercantilistas de privatización.
Mientras tanto, conforme la
población humana continúa creciendo, el consumo de agua se duplica cada 20 años
e intervienen otros factores (como el calentamiento global) que tendrán un
enorme impacto en las reservas futuras de agua dulce. A la luz de las
proyecciones de los demógrafos, según las cuales para 2025 dos tercios de la
humanidad vivirán en zonas del planeta con suministro limitado de agua, los
analistas políticos especulan que en las próximas décadas estallarán guerras
por el control de los menguantes recursos hídricos.
Al hacerse cada vez más escasa,
el valor del agua potable como mercancía aumenta, y las multinacionales están
más que dispuestas a sacar provecho de una situación que tiende a deteriorarse,
al comprar los derechos sobre el agua en todos los continentes.
Cerca del 90 por ciento de las
reservas mundiales de agua dulce permanecen en manos públicas, sin embargo, la
privatización se está volviendo algo más común conforme los gobiernos
necesitados de recursos son cada vez más incapaces de dar mantenimiento a los
deteriorados sistemas municipales de purificación y abastecimiento de agua, los
que a menudo se construyeron hace varias décadas.
La historia ha demostrado, sin embargo, que en
los lugares donde la privatización se ha implementado, esta ha dado pruebas de
haberse convertido en una causa más de los problemas de escasez crónica de agua
en vez de una solución a ellos.
Casi contemporáneamente a que la Organización
de las Naciones Unidas y la UNESCO declararan que el agua debe mantenerse
en el sector público por ser un bien irremplazable para la vida del planeta y
la humanidad, el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional le imponía a
sus países deudores la privatización de la explotación y distribución de este
recurso.
Las deficiencias en el servicio,
la calidad del agua y el aumento espectacular de los precios, así como un
acceso restringido del suministro a los sectores de la población más
empobrecidos, fue la constante que acompañó la privatización del agua en todo
el mundo. La resistencia del pueblo fue una vez más la variable que no habían
previsto.
A principios de los años 90, las
corrientes neoliberales comenzaron a proyectar la privatización del agua
potable. El Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), y el
Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron los actores que asumieron la tareas
de presionar a los Estados para que se “liberen de tan pesada carga” a favor
del sector privado.
La extorsión, fue la de siempre,
atar a este traspaso el otorgamiento de los créditos que estaban en condiciones
de ofrecer gracias a que el G7 (los siete países más industrializados), desde
donde provenían las empresas más interesadas en hacerse del negocio del agua,
llenaban sus arcas con miles de millones de dólares.
Tanto la ONU en su declaración
del milenio, como la UNESCO, expresan claramente que el agua debe de mantenerse
en el sector público por ser un bien fundamental e irremplazable para la vida
del planeta y de la humanidad.
Que tengamos que defender algo
tan simple como esto es una de las tantas paradojas de la humanidad de este
momento. Por lógica ¿cómo un bien tan vital -al igual que el aire- para nuestra
supervivencia, puede entrar en los caminos tortuosos de la obtención de
beneficios?
Ampliamente demostrada la
inoperancia del mercado para administrar este recurso, sólo queda una cosa por
hacer: convencer a los pueblos del mundo que el agua, más que un bien
negociable, es un derecho básico, y que como tal requiere la protección estatal
para ser garantizada a la ciudadanía.
Ángeles Barreno.
Documentalista de Promoción de la Salud
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